El contexto regulatorio

Argentina no tiene aún una ley específica de inteligencia artificial, pero eso no significa que el uso de IA opere en un vacío legal. El marco actual combina tres fuentes normativas que ya aplican hoy:

Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326): cualquier sistema de IA que procese datos personales de personas físicas argentinas está sujeto a esta ley. Esto incluye decisiones automatizadas sobre crédito, scoring, selección de personal o perfilado de usuarios. El artículo 20 prevé el derecho del titular a no ser sometido a decisiones basadas exclusivamente en tratamientos automatizados que produzcan efectos jurídicos o le afecten de modo significativo.

Lineamientos oficiales sobre IA: en 2023 la Subsecretaría de Tecnologías de la Información (Jefatura de Gabinete de Ministros) emitió la Disposición 2/2023, "Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable", que establece lineamientos para el uso responsable de IA en el sector público. Por su parte, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) aprobó la Resolución 161/2023, que crea un programa de transparencia y protección de datos personales en el uso de IA. No son vinculantes para privados, pero marcan la dirección regulatoria que probablemente adopte cualquier ley futura.

Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240): los sistemas de IA que toman decisiones que afectan a consumidores — precios dinámicos, recomendaciones, atención automatizada — deben respetar los principios de transparencia e información adecuada. La falta de disclosure sobre el uso de IA en interacciones B2C ya generó algunos precedentes administrativos en 2025.

Los proyectos de ley en discusión

A septiembre de 2026, Argentina no tiene una ley de inteligencia artificial sancionada. Hay varios proyectos presentados en el Congreso, ninguno aprobado, y la postura del Poder Ejecutivo es no regular el uso de la IA.

Los ejes que se repiten en los proyectos son:

Novedades 2026

Registro Nacional de Sistemas de IA (abril). El 4 de abril de 2026 el diputado Diego Giuliano (Unión por la Patria, Santa Fe) presentó un proyecto que crea un Registro Nacional de Sistemas de IA, en el que desarrolladores y operadores deberían declarar propósitos, ámbitos de aplicación, algoritmos utilizados y medidas de seguridad. Clasifica los sistemas en riesgo alto, medio y bajo, prohíbe técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas, y da seis meses para adecuarse. Fuente: El Intransigente

Sociedades automatizadas y DAO (junio). El 6 de junio de 2026 el Poder Ejecutivo presentó en el Congreso un proyecto que modifica la Ley General de Sociedades para crear las "sociedades automatizadas" — que operan de forma autónoma mediante algoritmos o IA, sin empleados, con personalidad jurídica y responsabilidad limitada — y las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), organizadas por reglas codificadas en contratos inteligentes registrados en blockchain. Fuente: Chequeado

Ley general de IA basada en riesgo (julio). El 16 de julio de 2026 el diputado Juan Fernando Brügge presentó un proyecto que clasifica los sistemas de IA por nivel de riesgo y prohíbe, entre otros, la manipulación de personas vulnerables, la "puntuación social", la generación de imágenes, audio o video sexual con la identidad de alguien sin autorización y la identificación biométrica remota en tiempo real (salvo excepciones judiciales o de seguridad grave). Reconoce el derecho a ser informado cuando una decisión fue tomada por un sistema automatizado, a conocer los criterios utilizados y a pedir revisión humana; exige que el contenido generado por IA sea identificable, y designa al INTI como autoridad de aplicación. Fue girado a tres comisiones. Fuente: Urgente24

Qué implica esto para tu empresa hoy

Si incorporás IA en procesos internos — automatización de documentos, análisis de datos, clasificación de correos — el riesgo regulatorio inmediato es bajo. Donde sube el riesgo:

Decisiones sobre personas: si el sistema evalúa empleados, clasifica candidatos o determina condiciones de crédito, necesitás documentar el proceso y garantizar revisión humana identificable. Es además lo que proponen los proyectos de 2026: informar a la persona, explicar los criterios y permitir que pida revisión humana.

Datos sensibles: información de salud, biometría o cualquier dato que permita inferir patrones de comportamiento individual activa las protecciones más estrictas de la Ley 25.326. El principio de minimización aplica: no procesar más datos de los necesarios para el fin declarado.

Clientes B2C: si el sistema interactúa directamente con consumidores finales, la transparencia sobre qué es automatizado y qué no es crecientemente exigible. Si generás textos, imágenes, audios o videos con IA, tené en cuenta que el proyecto presentado en julio exige que ese contenido sea identificable como tal. Algunos sectores — financiero, seguros — ya tienen regulación sectorial específica que adelanta los principios de la futura ley general.

Recomendación práctica

La forma más eficiente de prepararse no es esperar la ley, sino documentar ahora:

  1. Qué sistemas de IA procesan datos personales en tu operación
  2. Qué decisiones toman o asisten esos sistemas
  3. Qué mecanismo de revisión humana existe para cada uno

Esa documentación cumple ya con las obligaciones actuales bajo la Ley 25.326 y te posiciona bien frente a cualquier régimen que apruebe el Congreso: el registro propuesto en abril, por ejemplo, pediría declarar propósitos, algoritmos y medidas de seguridad de cada sistema. El costo de hacerlo hoy es bajo; el costo de hacerlo después de una auditoría, bastante más alto.


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